UNICEF y UCR llaman la atención sobre desigualdades que afectan a la niñez y adolescencia* A 25 años de que Costa Rica ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño (1990).* Niñez indígena, afrodescendiente, migrante y con discapacidad con menores oportunidades de desarrollo.San José, 10 de diciembre de 2015. Aunque el país ha logrado importantes avances en niñez y adolescencia, a 25 años de que Costa Rica ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, aún persisten desigualdades en las áreas de educación, salud, protección y acceso a la recreación, que afectan, especialmente, a las niñas, niños y adolescentes de poblaciones indígenas, migrantes y afrodescendientes, y aquellos con discapacidad, así lo afirma el VIII Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (EDNA), elaborado por la Universidad de Costa Rica y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).Datos del Censo Nacional del 2011 indican que un 23,5% de niñas, niños y adolescentes migrantes y 20,2% de indígenas no asisten a centros educativos. En el caso de la niñez con discapacidad, aunque en el 2011 la no asistencia se redujo de 29.2 % a 13,5%, aún existen desafíos para lograr una educación inclusiva. La falta de oportunidades para educarse expone a estas poblaciones a mayores condiciones de pobreza y vulnerabilidad social.“Debemos superar el predominio de la visión adulto-céntrica basada en el concepto de `posesión y control social´ sobre las niñas, niños y adolescentes para brindar a esta población el acceso a sus derechos. Necesitamos empezar a pensar en las poblaciones vulnerables a partir de la `economía del hambre´ la cual ayuda a comprender la deserción escolar, el embarazo temprano y el impacto de las débiles políticas de salud”, señaló Patricia Fumero, Coordinadora del EDNA.Para enfrentar estas situaciones, “motivamos a Costa Rica a asumir con mayor fuerza el enfoque de equidad en las políticas públicas y a implementar las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño para lograr una mayor inclusión social de la niñez. Todas las niñas, niños y adolescentes, sin distinción alguna, tienen derecho a recibir todas las oportunidades para el disfrute pleno de sus derechos. El Plan Nacional de Desarrollo y la Agenda de Niñez y Adolescencia de Costa Rica marcan la ruta para lograrlo. UNICEF le reitera su apoyo al gobierno, la sociedad civil y otros actores para enfrentar estos retos”, enfatizó Gordon Jonathan Lewis, Representante de UNICEF.Principales hallazgosEl país todavía enfrenta problemas de equidad que se reflejan en la pobreza infantil y disminución del acceso a bienes y servicios en la población, las desigualdades afectan con mayor fuerza a las niños, niños y adolescentes que viven en zonas rurales, costeras y fronterizas. El país enfrenta el reto de mejorar la calidad de los servicios en salud y ampliar la cobertura en los sistemas de atención a madres, niños, niñas y adolescentes, para articular un enfoque de la prevención con mayor participación de las comunidades. Por ejemplo el país todavía cuenta con coberturas bajas de captación y atención de mujeres en el posparto, 68.6% en el 2013, y la atención integral a los y las adolescentes (se estima en el 2014 que no supera el 40%).Costa Rica ha tenido logros en la disminución de la mortalidad infantil, sin embargo, desde el punto de vista geográfico, en el 2013, son dos las provincias que ostentan la tasa de mortalidad infantil más alta (San José y Limón, con tasas de 10,28 y 10,26 por cada mil nacimientos, respectivamente). Limón es la provincia con el mayor deterioro entre el 2012 y 2013, ya que pasó de una tasa de 8,42, que la ubica por debajo del indicador nacional en 2012, a una de 10,26, en 2013.El peso relativo de los nacimientos de mujeres menores de 20 años presenta un leve aumento, al pasar de 16,9% en 1993 a 17,4% en el 2014 (dato preliminar). Asimismo, según provincia y residencia habitual de la madre, San José y Alajuela son las provincias con los mayores nacimientos de mujeres menores de 20 años con 3.246 y 2.569 niños y niñas respectivamente. Adicionalmente, el número de nacimientos de madres menores a 15 años es mayor en la provincia de Limón. Estos datos indican que esta provincia requiere de una mayor atención por parte de las autoridades de salud.La cobertura de la asistencia a la educación primaria formal en los últimos años disminuyó al pasar de 98% (2010) a 93,3% en el 2014.Un alto porcentaje de adolescentes todavía no logra finalizar la secundaria. De los adolescentes que ingresaron al III Ciclo, solo 50,5% logró graduarse en el 2013.El país todavía tiene una deuda en la cobertura de asistencia en preescolar. Solo el 60.6% de niños y niñas entre 4.3 a 5.3 años asiste a centros educativos.El país ha avanzado significativamente en la creación de marcos legales, jurídicos y programáticos, pero todavía queda el reto de generar las condiciones y los mecanismos institucionales para su aplicación en algunos ámbitos, que permita evitar la revictimización y la atención de nuevas formas de violencia contra los niños, niñas y adolescentes.El análisis de los alcances y limitaciones vividos por el país desde la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, revela una paradoja: a pesar de la creación de instituciones y leyes para la protección de la niñez y la adolescencia, persiste un problema estructural, puesto que la distribución y gestión de los recursos no ha permitido optimizar el desempeño del Sistema Nacional de Protección Integral (SNPI), ni una cobertura de calidad en todo el país. De ahí que sean tan vulnerables las poblaciones excluidas de niñas, niños y adolescentes de determinados grupos o zonas geográficas.Los niños y las niñas se ven más afectados por la pobreza. Entre las razones, se encuentra el hecho de que las familias pobres son las más numerosas. De acuerdo con un estudio reciente del PNUD, los niños y las niñas representan el 46,3% del total de miembros de los hogares que están en pobreza extrema, el 39,3% de los que están en pobreza no extrema y el 21,7% de los países no pobres, pero que son vulnerables.A ello se suma, que hay mayor proporción de mujeres jefas de hogar, la cual aumenta conforme se incrementa la pobreza, con efectos negativos en el cuido de los niños y las niñas, sobre todo de los más pequeños, y en el ejercicio del derecho a la educación.En el ámbito de cultura, se requiere mayor inversión para generar espacios culturales públicos de calidad para el esparcimiento y mejorar la colaboración interinstitucional en este campo, para el logro de políticas culturales, y no solo acciones puntuales.Pasos para avanzarPara superar estas dificultades que afectan el pleno ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, se requiere de políticas a largo plazo y una gestión más eficiente de las instituciones que pertenecen a la red social del Estado. Invertir más y en forma más asertiva en niñez y adolescencia es otra estrategia necesaria, para lo cual se debe realizar un adecuado monitoreo de las políticas sociales y la inversión social en niñez.El Plan Nacional de Desarrollo (2015-2018) y la Agenda Nacional de la Niñez y Adolescencia: Metas y Compromisos (2015-2021), constituyen importantes herramientas para la toma de decisiones y la elaboración de políticas públicas, lo cual se vislumbra como una oportunidad para promover un cambio.Las decisiones que el país tome en relación a la política fiscal, que permitan la orientación de recursos hacia la niñez y adolescencia y el fortalecimiento de las capacidades institucionales para brindar los servicios adecuados hacia la niñez y adolescencia, son claves para mejorar su bienestar.Sobre el VIII Informe EDNA (2015):El VIII Informe EDNA (2015) desarrolla un trabajo analítico sobre la realidad de diferentes factores normativos, políticos, programáticos y socioculturales que inciden en el desarrollo integral de la niñez y adolescencia costarricense, tratando de hacer un balance de los 25 años de cumplimento de la firma de la CDN.El Primer Capítulo hace un balance histórico de los últimos 25 años, para contextualizar la relevancia y el proceso que implicó la condición de sujeto de derechos de las personas menores de edad. En el Segundo Capítulo se plantean los principios y fundamentos del marco jurídico y legal que se desarrolla en el país gracias a la Convención sobre los Derechos del Niño. El Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto capítulos, abordan los alcances en materia de salud y recreación, educación, equidad y exclusión social, y acceso a la cultura. Cada capítulo incluye cinco ejes transversales de análisis: condición etaria, derechos, vulnerabilidad (poblaciones excluidas), género y etnicidad.Las fuentes utilizadas en el Informe corresponden a fuentes oficiales de información primarias y segundarias provenientes tanto de registros administrativos (registros de estadísticas vitales, educativos, de salud, judiciales, etc.) como de Encuestas Nacionales (Encuestas Nacionales de Hogares y/o personas) y Censos (Censo Nacional de Población y Vivienda 1989, 2000 y 2011). El EDNA también genera datos relevantes convirtiéndose en fuente primaria.¿Qué es el Estado de los Derecho de la Niñez y Adolescencia?El informe EDNA es gestionado por el Proyecto Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (Proyecto EDNA), que es una actividad inscrita en la Vicerrectoría de Acción Social y de la Escuela de Estudios Generales, adscrito al Programa Institucional sobre los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (PRIDENA), de la Universidad de Costa Rica (UCR). El Proyecto EDNA tiene como objetivo realizar la coordinación académica para la elaboración y la divulgación de un informe sobre el curso del cumplimiento de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en Costa Rica, en el marco de un convenio de cooperación firmado con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).En los últimos 15 años el Informe EDNA ha utilizado como eje analítico los compromisos nacionales e internacionales en niñez y adolescencia establecidos en el marco normativo y las políticas públicas aprobadas por el país, en especial, el Código de la Niñez y la Adolescencia (1998) y la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por Costa Rica el 2 de septiembre de 1990 en Costa Rica).